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11/13/2017 9:57:00 AM
Líderes religiosos instan gobierno a extender protección a inmigrantes
Más de 1,400 reúnen en Columbus Circle en Washington para escuchar unas presentaciones antes de ir a Capitol Hill para abogar por la justicia el 6 de nov. Participaron en una Enseñanza Ignaciana Familiar sobre la Justicia que se llevó a cabo el 4-5 de nov. en Arlington, Va. (Foto CNS /Elizabeth A. Elliott, Arlington Catholic Herald)
Más de 1,400 reúnen en Columbus Circle en Washington para escuchar unas presentaciones antes de ir a Capitol Hill para abogar por la justicia el 6 de nov. Participaron en una Enseñanza Ignaciana Familiar sobre la Justicia que se llevó a cabo el 4-5 de nov. en Arlington, Va.
(Foto CNS /Elizabeth A. Elliott, Arlington Catholic Herald)
Dreamers (soñadores) Jario Reyes, 25 de Rogers, Ark., y Karen Caudillo, 21 de Orlando, Fla., asisten una conferencia de prensa sobre el programa de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) en Capitol Hill en Washington. (Foto CNS /Tasos Katopodis, EPA)
Dreamers (soñadores) Jario Reyes, 25 de Rogers, Ark., y Karen Caudillo, 21 de Orlando, Fla., asisten una conferencia de prensa sobre el programa de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) en Capitol Hill en Washington.
(Foto CNS /Tasos Katopodis, EPA)
Por Dennis Sadowski
Catholic News Service

WASHINGTON (CNS) -- Líderes religiosos, incluso algunos con influencia en la Iglesia Católica, quieren que la administración del presidente Donald Trump permita que algunos inmigrantes que están en Estados Unidos bajo un estado especial de inmigración puedan quedarse en el país.

Los líderes están poniendo todo su impulso en el Departamento de Seguridad Nacional y en la Casa Blanca, argumentando que sería moralmente inaceptable terminar el Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de personas de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua and Haití.

El estatus, conocido comúnmente como TPS, autoriza empleo y protección contra la deportación. Este ha sido extendido a los inmigrantes de los cuatro países que continúan luchando contra la violencia, la inseguridad económica y las consecuencias de varios desastres naturales. Algunos inmigrantes han estado en Estados Unidos hasta 20 años y administraciones previas les han extendido el TPS varias veces.

La administración Trump tiene que decidir sobre el TPS para los nicaragüenses y hondureños en o antes del 6 de noviembre y para los salvadoreños en o antes del 8 de enero. Los haitianos enfrentan una fecha límite del 22 de enero para comenzar a salir del país cuando su estatus especial termine.

Los defensores se preocupan porque el Departamento de Seguridad Nacional ha dado señales de que no extenderá el estatus para otros países. A mediados de septiembre la administración anunció el final del TPS para los ciudadanos de Sudán, causando urgencia entre grupos católicos que dijeron que al regresar, los inmigrantes enfrentarán circunstancias muy difíciles.

El arzobispo Thomas G. Wenski de Miami, quien ha trabajado con la comunidad haitiana del sur de Florida por 30 años, dijo que la terminación del TPS para esa comunidad es algo reprochable.

Terminar el TPS devastaría la unidad familiar porque los padres serían obligados a dejar a sus hijos nacidos en Estados Unidos y regresar a países donde no se puede reasentar decenas de miles de personas, él dijo durante una teleconferencia el 1 de noviembre.

Hablando de Haití en particular, el arzobispo dijo que durante un viaje al país caribeño en septiembre, el vió que "no existen las condiciones para poder absorber un número significativo de (personas que tienen TPS) de Estados Unidos".

Haití continúa luchando para recuperarse de las consecuencias de un fuerte terremoto que ocurrió en enero del 2010 y que cobró unas 300,000 vidas, y también de un huracán en el 2016 que devastó gran parte de la península suroeste. Haití es también el país más pobre del Hemisferio Occidental, ofreciendo pocas oportunidades de empleo y dejando que la mayoría de las personas logre una existencia mediante trabajos casuales o sembrando para sobrevivir.

"La misma situación existe en los países del triángulo de América Central (El Salvador, Honduras y Nicaragua)", explicó el arzobispo Wenski. "Hay una razón humanitaria para que la administración extienda el TPS. Esto también le daría a (personas con TPS) tiempo para procurar del Congreso una solución legislativa permanente".

Kevin Appleby, principal director de política internacional de inmigración en el Center for Migration Studies, dijo durante una sesión con la prensa que la política de inmigración de la administración parece estar guidada por una creencia de que reducir las protecciones para los inmigrantes favorece los intereses del país.

"Parte de este asunto es que hay batallas en muchos frentes en esta administración. Ellos van a quitar unilateralmente con la rapidez debida cualquier protección de inmigrantes que puedan en este país", él dijo.

Él dijo que aunque el TPS se podría cancelar, es improbable que los inmigrantes regresen automáticamente a sus patrias. Pero lo que puede suceder es que aumentaría el número de personas que están en Estados Unidos ilegalmente, causando que el gobierno federal gaste recursos en personas que ya no estarían inscritas oficialmente con el gobierno.

La comunidad religiosa se ha concentrado en pedirle al Congreso y a la Casa Blanca que no solo extiendan el TPS por razones morales, sino que también promulguen una reforma integral de inmigración para proteger a la gente que ya está en el país, dijo Appleby.

La rabina Elizabeth Richman, subdirectora de Jews United for Justice, con sede en Washington, quien también participó en la llamada, estuvo de acuerdo con que las preocupaciones humanitarias indican que a los cientos de miles de inmigrantes de los cuatro países se les extienda el estatus de TPS.

"Hay un consenso en todas las comunidades religiosas (en el asunto)", ella dijo. La administración debería darse cuenta de lo que se habla en las comunidades, que se trata de un asunto moral y un asunto humanitario, dijo.

Durante la llamada también se citaron razones políticas y económicas.

Terminar el TPS no ayudaría los intereses regionales e internacionales de los Estados Unidos dijo Appleby, exdirector de política de inmigración y asuntos públicos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Él dijo que aproximadamente el 88 por ciento de las personas de los cuatro países que están bajo el TPS tiene empleo y envía remesas a sus países, contribuyendo a las economías locales.

Los líderes de cuatro agencias católicas importantes de defensa y ayuda enviaron una carta el 31 de octubre a Elaine Duke, secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, procurando la extensión del TPS para personas de Honduras y El Salvador.

"Terminar el TPS en este momento sería inhumano" e injustificable, decía la carta de los directores de Servicios Católicos de Socorro, Caridades Católicas USA, la Red Católica de Inmigración Legal y el obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, director del Comité sobre Migración de los obispos.

Extender el TPS "permitirá que los hondureños y salvadoreños continúen trabajando legalmente, contribuyendo a las comunidades estadounidenses en capacidad autorizada y manteniendo vidas seguras y estables y dignidad humana para sus familias, muchas de las cuales incluyen ciudadanos estadounidenses", decía la carta. "Le pedimos mostrar compasión y paciencia mientras Honduras y El Salvador continúan mejorando la seguridad de sus ciudadanos y su capacidad humanitaria de recepción, protección e integración".

El arzobispo Wenski dijo que los tiempos requieren que Estados Unidos se aparte de políticas que rechazan a los inmigrantes.

"Lo he dicho varias veces. Si queremos devolver la grandeza a Estados Unidos, no lo haremos siendo malos".






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